Las cláusulas sociales en la contratación pública como garantía frente al dumping social intracomunitario
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Título
Las cláusulas sociales en la contratación pública como garantía frente al dumping social intracomunitarioAutoría
Fecha de Publicación
2016-12Resumen
La contratación pública es un sólido instrumento que, cada vez más,
sirve de cauce a las políticas de la Unión. El gran volumen de recursos públicos en
juego justifica una reinterpretación, en clave social, de la ... [+]
La contratación pública es un sólido instrumento que, cada vez más,
sirve de cauce a las políticas de la Unión. El gran volumen de recursos públicos en
juego justifica una reinterpretación, en clave social, de la tradicional visión económica
que ha presidido dicho ámbito y a tal fin responde la previsión de cláusulas sociales
en los contratos públicos. La Sentencia «RegioPost» constituye un claro ejemplo de ello.
En ella, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reacciona contra el dumping social
intracomunitario al priorizar los derechos de los trabajadores frente a la libre prestación
de servicios. En concreto, el Tribunal considera compatible con el Derecho de la Unión
una normativa regional que, de una parte, obligaba a los licitadores y subcontratistas
de un contrato público a asumir por escrito en la oferta el compromiso de pagar a sus trabajadores desplazados a otro Estado miembro el salario mínimo fijado por éste y,
de otra, permitía la exclusión del procedimiento de adjudicación de aquellos licitadores
que se negasen a asumir dicha obligación. Pero, ¿cómo llega a dicha conclusión el
Tribunal? Este comentario analiza su argumentación, formal en gran medida, y aporta
algunas reflexiones de fondo críticas al respecto. [-]
Public procurement is a powerful and increasingly common tool of
EU policies. Given the enormous importance of public procurement in terms of public
expenditure, it seems justified to promote a social-policy based ... [+]
Public procurement is a powerful and increasingly common tool of
EU policies. Given the enormous importance of public procurement in terms of public
expenditure, it seems justified to promote a social-policy based reinterpretation of the
traditional economic approach, for example by including social considerations among
the bid specifications. The ECJ’s ruling in the ‘RegioPost’ case is a clear example thereof.
In it, the ECJ reacts against transnational ‘social dumping’ by prioritizing workers’ rights
over the freedom to provide services. More specifically, the ECJ considers that regional
legislation that, on one hand, requires tenderers and their subcontractors to pay the host
country’s minimum wage to posted workers and, on the other hand, allows the contracting
authority to exclude those tenderers and subcontractors refusing to accept that
obligation from the procedure is compatible with EU law. But how does the ECJ reach
that conclusion? This commentary analyzes the ECJ’s very formal reasoning and provides
some critical reflections on the ruling. [-]
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Publicado en
Revista Aragonesa de Administración Pública, 2016, nº 47-48, p. 180-209Tipo de documento
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