La calidad de los servicios de traducción e interpretación médico-sanitaria en el contexto del turismo de salud en el área de la Comunidad Valenciana. Breve revisión de la situación actual y revisión bibliográfica.

Abstract

La sociedad contemporánea en España está marcada por la globalización y el multilingüismo. La Comunidad Valenciana en concreto es una entidad autonómica con características poblacionales marcadas por el turismo y la inmigración. En su territorio coexisten distintos grupos demográficos que se correlacionan con distintos perfiles de usuarios de servicios médicosanitarios, incluidos los usuarios del fenómeno demográfico conocido como «turismo de salud». Ninguno de los documentos que constituyen el marco legislativo de la Unión Europea mencionan explícitamente o contemplan concretamente la provisión de ayuda lingüística para los ciudadanos o residentes legales que buscan asistencia sanitaria en los Estados miembro en los que no tienen acceso a la información debido al desconocimiento del idioma. A falta de unas pautas legislativas claras por parte de la Unión Europea, la legislación pertinente de cada uno de los Estados miembro varía considerablemente y en la mayoría de los casos no hay ninguna legislación al respecto que garantice un servicio igualitario e integral. La falta de profesionalización del colectivo de traductores e intérpretes conlleva la contratación de intérpretes no profesionales y favorece la proliferación del intrusismo laboral. De este modo, el personal sanitario plurilingüe, los miembros de familia del paciente, incluyendo menores, los voluntarios con criterios de selección mínimos e intérpretes in situ no profesionales y no acreditados asumen el papel de intérpretes ad hoc y se perciben como una solución rápida y barata a pesar de que estas personas carecen de formación, las competencias y las habilidades necesarias. Tanto los profesionales de la salud como los pacientes y sus familiares ignoran la trascendencia de la labor del intérprete y el hecho de que una interpretación deficiente puede acarrear graves consecuencias para la salud del paciente y la reputación del médico. Así, se vulnera el derecho fundamental del paciente a una asistencia médica de calidad, pues no se asegura su derecho a recibir información completa sobre su estado de salud.