Función legislativa y perspectiva de género: análisis de los informes de impacto por razón de género

Abstract

In recent years, different lines of regulatory improvement have appeared in our neighbouring countries, such as is the implementation of regulatory impact analysis on certain provisions before their approval. In Spain, the Law 30/2003, of 13 October, modifying Law 50/1997, of 27 November, issued by the Government, first imposed a duty of accompanying the draft legislation and draft regulations developed by the Executive with a report on gender impact in order to assess the incidence that the legislative role has in achieving the principle of equality that is gathered in article 9.2 of the Spanish Constitution. Likewise, some regional governments have passed laws to analyze the gender impact of laws and regulations. From these regulations, governments take the responsibility for providing information on the mainstreaming of gender and the assessment of the effects that the rules adopted will have on men and women considering, especially, the existing gender inequalities and discrimination.

En los últimos años, se han extendido en los países de nuestro entorno diferentes líneas de actuación de mejora legislativa entre las que se cuenta la realización de análisis del impacto normativo sobre determinadas disposiciones con carácter previo a su aprobación. En España, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno impuso por primera vez la obligación de acompañar los anteproyectos de Ley y los proyectos de reglamentos elaborados por el Ejecutivo con un informe sobre el impacto de género para valorar la incidencia que la función legislativa tiene en la consecución del principio de igualdad, consagrado en el artículo 9.2 de la Constitución. Asimismo, algunas Comunidades Autónomas han aprobado leyes para analizar el impacto de género de las disposiciones legales y reglamentarias que se tramitan. A partir de esta normativa, los Gobiernos respectivos asumen la responsabilidad de aportar información sobre la incorporación de la perspectiva de género y la valoración de los efectos que las normas aprobadas van a tener sobre los hombres y las mujeres considerando, especialmente, las desigualdades y discriminaciones existentes por razón de sexo