El declive de la naranja valenciana

Abstract

El pasado 30 de diciembre, la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià denunció en su Balance Agrario de 2021, que las importaciones masivas a España de naranjas procedentes de Sudáfrica, Egipto o Turquía a bajos precios afectan a la demanda que recibe esta fruta a nivel regional y, por lo tanto, a las condiciones de trabajo de los agricultores valencianos. De hecho, la asociación afirmó que, actualmente, las cotizaciones se sitúan en una media de 0,15 euros/Kg en campo. Cifra que se encuentra muy por debajo de los propios costes de producción, ya que, de acuerdo con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (De Miguel, Caballero y Fernández; pp. 101-115, 2020), es de 0,23 euros/kg, es decir, que, ni si quiera, es posible recuperar lo que cuesta su cultivo y recolección. Además, expresó su disconformidad con los estándares de producción exigidos por la Unión Europea para aquellas naranjas procedentes de estos países, ya que son mucho más suaves que para las regionales, provocando una clara situación de competencia desleal. Por esta razón, su llegada a España supone la entrada de plagas que ponen en peligro dicho cítrico en el ámbito nacional y de pesticidas prohibidos por la UE como, por ejemplo, el clorpirifós (Compés, García y Martínez; pp. 38-46, 2019). Esta situación de incertidumbre en el futuro del mercado de las naranjas valencianas y de sus agricultores, ha provocado que miles de personas dedicadas a este cultivo se hayan manifestado en los últimos meses para exigir a las diferentes administraciones un cambio legislativo que les permita contar, al menos, con un sueldo digno. O, en otras palabras, para pedir que se ponga en práctica la nueva Ley de la Cadena Alimentaria aprobada por el Congreso en diciembre, que prohíbe la venta a pérdidas en cualquier eslabón del proceso productivo (BOE, 2021). Ejemplo de ello, son el mercado extraordinario organizado por la asociación Per l’Horta, que coordina la campaña “Preus justos”, el pasado 16 de enero en Valencia, o, más recientemente, la protesta que tuvo lugar también en la capital del Turia el 25 de febrero, a la que asistieron más de 8.000 agricultores (Levante, 2022). Ambas, con el objetivo de reivindicar ante la sociedad la necesidad de lograr unos precios justos para los productos agrarios.