El contrato del profesor asociado como modalidad temporal y laboral especial. Disfunciones que perviven al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2019

Abstract

Han sido muchas las ocasiones en las que ha llegado a los Tribunales el debate acerca de qué naturaleza jurídica hay que asignar al contrato del profesorado asociado que presta servicios habitualmente en las Universidades -públicas-. Esto se debe, fundamentalmente, a que nos encontramos ante una figura mal trazada en su propia y especial norma reguladora, lo que genera inseguridad jurídica a la vista de su conjugación con el resto de la normativa laboral. Los preceptos que lo contemplan no son, precisamente, prolijos, regulando aspectos esenciales de este contrato y tampoco ayuda el que, para resolver las oscuridades que plantea esta modalidad, se deba, subsidiariamente, acudir a lo previsto en la normativa sobre contratación temporal prevista en el TRET. Y ello porque la aplicación de estos otros preceptos no es fácil si no queda clara la asimilación exacta de esta modalidad contractual temporal a ninguna de los contratos estatutarios ex lege. Las disfunciones que ello viene provocando, incitando a un uso masivo -y también fraudulento- del contrato de profesorado asociado seguirán hasta que lo anterior no se corrija. Teniendo en cuenta lo anterior, nada ha podido hacer la doctrina judicial -en pronunciamientos distintos y muy numerosos anteriores al que hoy es objeto de comentario, la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2019- . En esta ocasión, el Alto Tribunal resuelve el conflicto de forma casuística, dando continuidad también a las disfunciones ya detectadas. Sería necesario que la propia LOU y los convenios colectivos se decantaran por trazar, claramente, los contornos de este contrato laboral temporal especial de forma garantista; después es cuando le toca el turno a los Tribunales, y no a la inversa.

There have been many occasions in which the debate on what legal nature should be assigned to the contract of the associate faculty that regularly serves in the Universities has come to the Courts -public - mainly because we are confronted with a figure that is poorly defined in its own special regulation, which generates legal uncertainty in combination with the rest of the labor regulations. The precepts that contemplate it are not, precisely, prolix, regulating essential aspects of this contract and neither does it help that, in order to resolve the obscurities that this modality raises, it is due, subsidiarily, comply with the rules on temporary recruitment laid down in the TRET. This is because the application of these other precepts is not easy if the exact assimilation of this temporary contractual modality into any of the ex lege statutory contracts is not clear. The dysfunctions that this has caused, inciting a massive - and also fraudulent - use of the associated faculty contract will continue until this is corrected. Taking into account the previous statements nothing has been able to do the judicial doctrine -in different and very numerous pronouncements prior to which the Supreme Court Judgment of 28 January 2019 is commented today - . On this occasion, the High Court resolves the conflict on a case by case basis, giving continuity to the dysfunctions already detected. It would be necessary for the LOU itself and the collective agreements to decide to guaranteer, clearly, the contours of this special temporary employment contract; then it is the Tribunals' turn, not the other way around.