La acusación en el proceso penal

Abstract

La acusación penal consiste en atribuir a una persona la comisión de unos hechos delictivos solicitando la puesta en marcha de la persecución del delito y en consecuencia el ejercicio de la acción penal contra los responsables. A diferencia de otros ordenamientos jurídicos internacionales, el sistema acusatorio mixto español permite que el ejercicio de la acción penal sea público. Los particulares junto con el Ministerio Fiscal están legitimados para ejercer la acción penal en los procesos penales. Por una parte, la víctima tiene reconocido el Derecho de personarse en una causa penal como parte acusadora para la defensa de sus intereses; y por otra parte, la generalidad de las personas también tienen legitimación para poder constituirse como parte procesal acusadora para la defensa del interés general. Junto a estos, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de ejercer la acción penal ante los delitos públicos, y semipúblicos, donde en estos últimos es necesaria la denuncia del agraviado para efectivamente promover su persecución. En los delitos privados, el Ministerio Fiscal no podrá constituirse como parte, teniendo acusador privado plena disponibilidad sobre el proceso. Se encuentra reconocido como un Derecho en la Constitución de 1978 y reforzado por diferentes textos legales, en los cuales se describen los procedimientos y requisitos para poder ejercitar este Derecho. Además, nuestro sistema tiene la peculiaridad del doble objeto del proceso penal, pues de un delito puede nacer también responsabilidad civil, teniendo plena disponibilidad sobre esta el ofendido o perjudicado, y que podrá ser ejercitada, en su caso, por el Ministerio Fiscal.

The criminal accusation consists in attributing to a person the commission of criminal acts requesting the start of the prosecution of the crime and consequently the exercise of the criminal action against those responsible. Unlike other international legal systems, the Spanish mixed accusatory system allows the exercise of criminal action to be public. Individuals together with the Public Prosecutor's Office are entitled to exercise criminal action in criminal proceedings. On the one hand, the victim has the right to appear in a criminal case as an accusatory party for the defense of their interests; and on the other hand, the generality of the persons also have legitimacy to be able to constitute themselves as an accusatory procedural part for the defense of the general interest. Together with these, the Public Prosecutor's Office is obliged to take criminal action against public and semi-public crimes, where in the latter it is necessary to report the aggrieved in order to effectively prosecute them. In private crimes, the Public Prosecutor's Office may not be constituted as a party, with private accuser fully available about the process. It is recognized as a Right in the Constitution of 1978 and reinforced by different legal texts, which describe the procedures and requirements to exercise this right. In addition, our system has the peculiarity of the double object of the criminal process, for which it may have the same civil responsibility, and the fact that it may be exercised, as the case may be, by the Public Prosecutor's Office.