Responsabilidad patrimonial de la administración penitenciaria

Abstract

El hecho de que personalmente me haya inclinado por la realización de este trabajo es porque considero que las personas necesitan una consideración y atención mayor desde el punto de vista de su posición en el ámbito de los ordenamientos jurídicos así como en el ámbito de la sociedad propiamente dicha. Y es que pienso que es la sociedad la que efectúa un reproche o una catalogación sobre determinadas personas que han sufrido directa o indirectamente las consecuencias de “una irresponsabilidad de la administración” concretamente los penados en centros penitenciarios y quiero averiguar y determinar que grado de culpa puede tener la administración penitenciaria a favor de estos. Si bien creo que el principal problema y obstáculo con el que me voy a encontrar va a ser determinar claramente hasta donde llega la responsabilidad de la Administración Penitenciaria. Los dos pilares básicos sobre los que descansa todo Estado de Derecho son el principio de legalidad y el de responsabilidad de los poderes públicos, en los términos exigidos en nuestra norma constitucional, cuando en su artículo 9.3 de la Constitución Española (en adelante CE) expresamente garantiza este principio de legalidad, al mismo tiempo que prohíbe la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos. El segundo, por cuanto hace efectivo el sistema de garantías del Estado de Derecho obligando a los poderes públicos a indemnizar cuando con sus actuaciones lesionen los intereses de los administrados en los términos que recoge el ya citado artículo 9.3 de la CE y que desarrolla su artículo 106.2, “Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos” Los particulares son sujetos activos del derecho a reclamar, y así se legisla en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (en adelante Ley 30/92 RJPAC, modificada por Ley 4/99, de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, donde no hay consenso doctrinal. La verdad es que parece lógico defender que cuando en el artículo 106.2 de la CE, habla de los particulares, no se está queriendo excluir la posibilidad de que una Administración pueda plantear una reclamación frente a otra Administración. Sería un sinsentido que, como consecuencia de un mismo hecho lesivo en el que se vieran lesionados sujetos de derecho privado y una Administración, los primeros puedan reclamar y, por contra, no pudiera hacerlo la Administración, a pesar de que se encuentra en la misma situación legal. Cuestión distinta es que en las relaciones entre dos Administraciones Públicas, las reclamaciones que puedan haber entre ambas tengan que dilucidarse a través de mecanismos distintos del previsto en los artículos 106.2 de la CE y 139 y siguientes de la Ley 30/1992 RJPAC. En este trabajo intentaré realizar una dicotomía para conocer los fundamentos jurídicos de esta posible responsabilidad de la Administración Penitenciaria, sino también cuando los reclusos sufren o causan algún daño durante el cumplimiento de la condena dentro del Establecimiento Penitenciario: suicidios, consumo y tráfico de drogas, muertes violentas, accidentes etc.

Personally, I have decide to do this project because I believe that people, in general, need more attention and more consideration from the point of view of their position in the sphere of action of the legal system and in the society. I think that it is the society witch categories and stereotypes certain people who have offered directly or indirectly the consequences of and irresponsibility of the government, in particular, the convicts in prisons, and I want to find out and to determine the level of fault that connection system can have as a responsible of its actions. Therefore, the main problem I will find is to determine how far their responsibility extends. The main main basic of a rule of law are the legality principle and responsibility of the public authorities. Our constitution in the article 9.3 guarantees the legality principle and at the same time it bans the arbitrariness in the way that the public authorities act. In relation to the responsibility of the public authorities, this article 9.3 forces the public authorities to compensate people when its interventions damage people´s interests according to the article 9.3 of the Spanish Constitution which is developed in the article 106.2: “Private individuals, shall, under the terms laid down by law, be entitled to compensation for any harm they may suffer in any of their property and rights, except in cases of force majeure, wherever such harm is the result of the operation of public services. In this work, I am going to do a dichotomy to find out the legal basics of this responsibility of the prisons administrations and on the other hand the position of the prisioners if they suffer or they cause damage during their enforcement order inside the prision such us suicide, drug use, drug trafficking, violent deaths, accidents and other cases.