La prueba ilícita en el proceso penal

Abstract

Son múltiples las definiciones procuradas acerca de qué puede ser considerado como prueba ilícita, coincidiendo todas ellas en que la prueba ilícita es aquélla que se obtiene atentando contra los Derechos Fundamentales de una persona. En nuestro ordenamiento jurídico penal no existe un precepto donde venga definida la prueba ilícita en sí misma, sin embargo, sí que existen varios preceptos que regulan algunos puntos de la misma. Por ejemplo, el artículo 24.2 de la Constitución Española que establece que: “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Sin embargo, esta posibilidad de utilizar todos los medios de prueba necesarios se encuentra limitada. Y este límite lo encontramos en la licitud de la prueba. Una vez la prueba que se ha obtenido es considerada ilícita, devendrá ineficaz y nula de pleno derecho, como veremos a continuación. Así pues, la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11 apartado 1 dispone que: “En todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales”. Este precepto regula cuál será la consecuencia de la obtención de pruebas atentando contra los derechos o libertades fundamentales, y esta consecuencia es la no producción de efectos, es decir, que la obtención de dicha prueba se considera nula de pleno Derecho, y por lo tanto, la ineficacia se produce ex tunc, es decir, desde el momento en que se produce la vulneración, y no ex nunc, desde el momento de su declaración. De manera que la prueba que se haya obtenido de forma ilícita, se tendrá como no obtenida desde el primer momento. Al tratarse de una materia que no se encuentra enteramente regulada en el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha tenido un papel muy importante en su desarrollo. La Sentencia 114/1984 del Tribunal Constitucional de fecha 29 de noviembre de 1984, que comentaremos posteriormente, fue la primera que reconoció el carácter preferente de los derechos fundamentales sobre los intereses probatorios ligados a la fase probatoria del proceso, y por lo tanto, la ineficacia de aquellas pruebas que se hubieran obtenido atentando contra un derecho fundamental. Esta jurisprudencia incluso ha creado una doctrina, llamada del fruto del árbol envenado, según la cual cuando una prueba haya sido obtenida ilícitamente, también adquirirá esta condición todas aquellas cuya obtención se haya derivado de dicha prueba ilícita. Aunque para que esto ocurra será necesario que exista una conexión directa entre ambas pruebas, entre la obtenida ilícitamente y, por lo tanto, nula, y entre aquella cuya nulidad se pretende.