A la búsqueda de un bienestar compartido (reflexiones de una penalista ex amante de la tauromaquia)

Abstract

A los animales, en cuanto seres capaces de sufrimiento, hay que reconocerles el interés por no sufrir. Esa es una decisión política que, especialmente las sociedades opulentas, deben adoptar si quieren ser consideradas sociedades justas y decentes. Actualmente, como se deduce de la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el bienestar animal es mucho más que el valor añadido a un bien de consumo. Es un valor en sí mismo y un fin legítimo que, por una parte, autoriza la limitación de derechos y, por otra, puede contribuir a conformar el sentido y alcance de los derechos fundamentales. Así lo ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y nuestro propio Tribunal Constitucional al enjuiciar, entre otras, normas autonómicas relativas a la tauromaquia. Ahora bien, la tutela de tan legítimo interés debe abordarse desde la racionalidad jurídica, lo que implica, especialmente cuando se trata de la tutela penal, respetar los límites que la Constitución impone al derecho del Estado a castigar, evitando caer en un modelo hipertrofiado de sanción penal con quiebra de la legalidad, la ofensividad y la intervención mínima. Más urgente que una nueva reforma penal es, de un lado, proceder a su descosificación jurídica y, de otro, cambiar las actuales condiciones de vida y de muerte de los animales sometidos a un inaceptable sistema de explotación intensiva, lo que exige tanto la mejora de la legislación, cuanto intensificar los mecanismos de control de su cumplimiento.

Animals have a legitimate interest in not suffering. That is a political decision that, especially rich societies, must make if they want to be considered fair and decent societies. Animal welfare is a value in itself and can be raised as a legitimate goal that, on the one hand, authorizes the limitation of rights and, on the other, can contribute to shaping the meaning and scope of fundamental rights. This has been recognized by the European Court of Human Rights (ECHR) and our own Constitutional Court when judging regulations related to bullfighting. However, the protection of such a legitimate interest must be approached rationally, which requires, especially when we speak of criminal protection, to respect the limits that the Constitution imposes on the right of the State to punish, avoiding falling into a hypertrophied model of criminal sanction with violation of legality, offensiveness and minimal intervention. More urgent than a new penal reform is, on the one hand, to recognize that animals are not things and, on the other, to change the current conditions of life and death of animals subjected to an unacceptable system of intensive exploitation, which requires the improvement of the legislation, as well as intensifying the mechanisms to control its compliance.