La incorporación de datos personales al proceso penal

Abstract

El artículo 18.4 de la Constitución española dispone que: «La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos». El derecho fundamental a la protección de datos, señala la STC 292/2000, de 30 de noviembre, «garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos. Esta garan- tía impone a los poderes públicos la prohibición de que se convier- tan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidos de dicha información.