Presente y futuro de la autorregulación en España : reflexiones a propósito del éxito de Autocontrol

Abstract

“Legislar Mejor” es un elemento central de la política de la Unión Europea para reforzar su competitividad. Con el objetivo de simplificar la legislación europea, y diseñar leyes mejores y de calidad para las empresas, trabajadores, los consumidores, el mundo empresarial y la sociedad civil, la Comisión Europea puso en marcha el programa “Legislar Mejor” en 2002. Desde entonces, la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo participan estrechamente para garantizar una legislación de calidad como resultado del proceso legislativo, de conformidad con las aspiraciones compartidas por todas las instituciones europeas y sus países miembros. A propósito de las últimas reformas legislativas el principio de Buena Administración aparece por primera vez en España en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía sostenible. Su artículo 4 anuncia los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas: necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, y seguidamente anuncia: “en la iniciativa privada quedará suficientemente justificada la adecuación a dichos principios”. Es en la nueva Ley 39/2015 (que reforma la anterior ley 30/1992 del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas) donde se establece por primera vez en una ley de bases como se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación, garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de los ciudadanos en la elaboración de las normas y lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario del derecho constitucional a la seguridad jurídica. Pues bien, siguiendo con esta idea hemos creído interesante plantear en nuestro Trabajo Final de Grado qué papel juega la Autorregulación en el marco jurídico español con vistas a encontrar las mejores formas de lograr un entorno legislativo más accesible, eficaz y comprensible. Y de qué forma puede contribuir a llevar a cabo todo lo expuesto anteriormente. Conviene en primer lugar y ya en esta introducción distinguir la Autorregulación objeto de estudio en este Trabajo Final de Grado con otras realidades que podrían confundirse. El elemento subjetivo afirma la génesis privada de la Autorregulación, pero debemos destacar que no se trata de una actuación por particulares y organizaciones privadas a partir de una delegación de los poderes públicos, como se da en otros supuestos más conocidos en la línea de las entidades reguladoras donde ordinariamente operan las llamadas administraciones reguladoras independientes. La autorregulación que nos ocupa no necesita de esa habilitación por parte de los poderes públicos, sino que se debe a un impulso que nace de los entes privados y particulares. Quienes activan procesos de autorregulación o crean fórmulas de resolución de conflictos son profesionales, técnicos, investigadores, médicos, periodistas. Estos agentes legitimados como veremos por sus conocimientos técnicos pretenden sin más, regular cuestiones que les preocupan y solventar de manera eficiente ciertas controversias en las que se ven envueltos con alguna frecuencia. No cumplen en absoluto con ningún encargo ni delegación de los poderes públicos. Lo que veremos entonces es lo que ocurre entre las regulaciones ordinarias y los productos de dicha autorregulación privada ya que no sólo despliegan sus efectos entre quienes las fijaron y las asumieron, sino que también los propios poderes públicos se fijan en ellas y las toman en consideración hasta integrarse o complementarse. Los poderes públicos las necesitan pero también las controlan.