La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la justicia

Abstract

La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia tiene un régimen jurídico autónomo del configurado para los servicios públicos de cualquier Administración Pública y que viene consagrado en el art. 106.2 de la Constitución. El funcionamiento de la Administración de Justicia en cuanto servicio público o desde la perspectiva de la función jurisdiccional ejercida por los Jueces y Tribunales puede ocasionar un daño en los bienes o derechos de los ciudadanos, quienes tendrán derecho a exigir una indemnización con cargo al Estado por esta lesión. La Ley Órganica del Poder Judicial formula los principios básicos para que se reconozca esta responsabilidad y además establece tres supuestos que pueden dar lugar a una indemnización: error judicial, prisión preventiva y funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Cada supuesto tiene unas particularidades propias en cuanto al iter procesal para lograr su reconocimiento, a pesar de que posteriormente el particular deberá solicitar la indemnización correspondiente ante el Ministerio de Justicia. En este trabajo trataremos de evidenciar las dificultades prácticas con las que se encuentra el ciudadano para lograr la reparación del daño producido por la actividad jurisdiccional de Juzgados y Tribunales.