Mecanismos tuitivos de protección de las personas incapacitadas

Abstract

En el mundo, el número de personas con discapacidad aumenta día a día. Concretamente el número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, lo que supone un 8,5% de la población, según los resultados provisionales de la Encuesta del instituto nacional de estadística sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del año 2008.Estas cifras nos demuestran lo relevante que es el hecho de que los estados legislen mecanismos para la protección de estas personas. Existen ciertos factores que propician el hecho de que una persona pueda llegar a sufrir una discapacidad en algún momento de su vida, puesto que la discapacidad no se origina exclusivamente por enfermedades congénitas como puede ser el Síndrome de Down, sino que puede provenir de otros factores como los siguientes: a) El envejecimiento de la población española que se caracteriza o se debe al incremento de la esperanza de vida, que en la actualidad está sobre 80 años. Esto supone un significativo aumento del riesgo de padecer demencia senil, Alzheimer o Parkinson entre otras enfermedades, que son patologías muy extendidas en nuestros días. También existen otros factores que podríamos calificar como sobrevenidos que son los accidentes de tráfico o los accidentes laborales, que también suponen un gran riesgo de sufrir una discapacidad en algún momento de la vida de una persona. Como ya hemos mencionado, las necesidades de aquellas personas que sufren alguna de estas afecciones, es un motivo de preocupación creciente por los estados, por ello tienen que comenzar a legislar políticas preventivas y de protección. En este sentido el año 2003 fue conmemorado como el “Año Europeo de la Discapacidad” y por ese motivo, el Parlamento promulgó dos leyes trascendentales; la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección del patrimonio de las personas con discapacidad y la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Pues bien, el objetivo de este trabajo ha sido el reflexionar y explicar los puntos clave que diferencian la discapacidad y la incapacitación en nuestros días, así como realizar un análisis de las diferentes instituciones de protección que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico para la protección de estas personas. Por lo que respecta a la metodología, empleada, hemos seguido la propia de este tipo de trabajos. Hemos realizado un estudio jurisprudencial, doctrinal y legislativo de la materia. Debido a la gran cantidad de jurisprudencia existente, hemos seleccionado aquellas sentencias que consideramos más significativas. En cuanto a la legislación, nos hemos centrado en el análisis del Código Civil y su relación con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, dado que es el instrumento normativo que debe inspirar nuestro ordenamiento jurídico.