Las garantías constitucionales en el proceso penal: la intervención de las comunicaciones

Abstract

Tras años de ser un problema ignorado por el legislador, por fin se hace eco de un problema ya trillado por la jurisprudencia, las diligencias de investigación invasivas del derecho al secreto de las comunicaciones, unas medidas que carecían de una regulación acomodada a la sociedad actual y al desarrollo tecnológico de la misma y que adolecía de la profundidad necesaria para producir seguridad jurídica. Aunque al principio de la anterior legislatura se vislumbraba una reforma total de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, finalmente sólo se consiguió realizar una reforma parcial de la misma, mediante la modificación de algunos preceptos y la inclusión de una interminable amalgama de artículos, en los que se encuentran regulados, de forma ciertamente confusa, todos los tipos de actos de investigación que limitan el derecho a la intimidad garantizado en el art. 18 de la Constitución.