Responsabilidad civil médica : el caso concreto del consentimiento informado

Abstract

El presente trabajo tiene por finalidad la realización de un estudio sobre la institución del consentimiento informado. El origen de esta figura si sitúa en la jurisprudencia norteamericana a inicios del siglo XX, como manifestación de las ideas de dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad y, libertad y autonomía personal. Desde su aparición hasta el momento actual, el consentimiento informado ha sufrido una importante evolución, tanto doctrinal como jurisprudencial, y ha sido objeto –en los últimos años- de una pormenorizada regulación, que lo han consagrado como elemento clave y esencial en materia de sanidad. De esta forma, la autonomía de la persona irrumpe con fuerza en las relaciones médico-paciente, materializándose en la necesidad de obtener el consentimiento del enfermo con carácter previo a cualquier actuación sanitaria, toda vez que ha sido informado previa y adecuadamente, de forma que su manifestación de voluntad se realiza de manera consciente y con pleno conocimiento de causa. Por lo tanto, el consentimiento informado es un derecho del paciente –elevado a rango de derecho fundamental en algunas sentencias del Tribunal Supremo- y una obligación exigible al médico y al centro sanitario. Siguiendo esta tendencia apuntada, el consentimiento informado se integra como elemento esencial y básico de la lex artis del profesional, de forma que el incumplimiento por parte del personal de la sanidad de su obligación de informar al paciente o de obtener su consentimiento –de conformidad con todos los requisitos exigidos por la normativa legal-, puede suponer la infracción de la lex artis, lo que conllevaría la exigencia de responsabilidad. La figura del consentimiento informado tiene su regulación básica en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Norma que viene a superar y mejorar la regulación anterior contenida fundamentalmente en la Ley General de Sanidad, que ha sido derogada parcialmente y de forma expresa en lo ateniente a esta materia por la disposición derogatoria única contenida en la Ley de autonomía del paciente. También resulta interesante en este tema la normativa elaborada por algunas Comunidades Autónomas o el importante y transcendental Convenio de Oviedo. Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina no existe un postura uniforme sobre todas la cuestiones relacionadas con el consentimiento informado, como por otra parte resulta lógico. Existen aspectos en los que prácticamente hay unanimidad como a la hora de considerarlo un componente esencial de la lex artis. Sin embargo, hay temas en los que existe mayor discrepancia, como por ejemplo, todo lo relativo a la prestación del consentimiento informado cuando están implicado menores de edad o enfermos mentales, o lo relacionado con la responsabilidad civil médica cuando falta el consentimiento pero no hay daño alguno. Hay que destacar también cómo, en sede jurisprudencial, la problemática relativa al consentimiento informado está desplazando a la que existe con motivo de la relación de causalidad ha de establecerse entre la actuación médica (considerada desde el prisma técnico-científico) y el daño.